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La Desaparición Forzada de Personas en Chile
1. La desaparicion de personas en Chile
Los primeros casos de "desaparecidos" en Chile se verifican a partir del mismo 11 de septiembre de 1973. En Santiago, el Palacio Presidencial, donde se encontraba el Presidente, Ministros y colaboradores ser� rodeado y atacado por fuerzas militares. Despu�s del bombardeo a�reo y de la muerte del Presidente son detenidos todos los sobrevivientes que se encontraban all�.
Precisamente, estos sobrevivientes que fueron detenidos por el Ej�rcito y trasladados al Regimiento Tacna de Santiago, constituyen los primeros casos de "detenidos no reconocidos".
En los d�as posteriores se desencadena una represi�n pol�tica nunca conocida en la historia reciente de Chile. Cientos de personas son detenidas, torturadas, muertas o ejecutadas extrajudicialmente y tambi�n desaparecidas.
Meses despu�s del golpe de Estado se mantiene la represi�n, las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones masivas, la pr�ctica de la tortura, la imposici�n del terror, y muchos perseguidos toman el camino del exilio. En este contexto de caos, de censura, de falta de informaci�n, comienza a emerger un problema que, en los primeros meses hab�a pasado inadvertido, los "detenidos no reconocidos" o "presuntos desaparecidos". Finalmente, se les llamar� "detenidos-desaparecidos".
En efecto, grupos de familiares y amigos buscaban incansablemente en cuarteles policiales y militares, organismos gubernamentales, hospitales, servicio m�dico legal, etc.; a sus parientes. En muchos casos exist�an numerosos testigos de su detenci�n por parte de carabineros o �jercito, en otros casos la incertidumbre sobre la suerte del afectado era casi total, pero todo indicaba que tambi�n hab�an sido arrestados.
En marzo de 1974 se present� ante los tribunales el primer recurso de amparo en favor de 131 personas desaparecidas, pero muy pocas de ellas recobraron la libertad.
Las esperanzas se tornaron m�s remotas cuando el gobierno militar declar� a finales de 1974 que s�lo tendr�an existencia como detenidos los reconocidos como tales por los organismos involucrados.
El gobierno militar reconoci� inicialmente la existencia de personas desaparecidas, sin embargo, las atribuy� a enfrentamientos que a�n persist�an. De acuerdo a un informe enviado por la Junta Militar chilena a la Organizaci�n de Estados Americanos (OEA) en respuesta al informe de la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de diciembre de 1974, sobre la situaci�n de los derechos humanos en Chile, los militares expresaban:
"Dada las caracter�sticas de los hechos acaecidos en Chile el d�a 11 de septiembre y siguientes, donde adeptos del gobierno anterior disparaban sin contemplaci�n sobre la tropa y esta se ve�a en la obligaci�n de contestar, los ca�dos y desaparecidos en ambos bandos fueron muchos. Hasta el d�a de hoy existe el caso de soldados que, debido a la acci�n de los extremistas, no han sido encontrados. Con esto se quiere poner de relieve que las caracter�sticas propias de lo que sucedi� en Chile escapan a una situaci�n normal y, por ende, es imposible tratar de aplicar normas y procedimientos de un estado de convulsi�n. De ah� que en algunos casos excepcionales, y debido al fragor de la lucha, haya desaparecido un peque�o n�mero de personas.Es in�til hacer presente, adem�s, que en muchos casos personas que se han dado por desaparecidos se encuentran en la clandestinidad ejecutando actos contrarios al Gobierno o han abandonado subrepticiamente el pa�s. Es decir, nos encontramos ante el hecho de que el Gobierno de Chile para responder adecuadamente sobre la materia que se hacen, necesitar�a hacer un catastro de todos los extremistas que clandestinamente hay en Chile y de todos los chilenos que hay en el extranjero. No es necesario argumentar sobre la imposibilidad de dicha medida". (72)
A principios de 1975, bajo los auspicios del Comit� Pro Paz (futura Vicar�a de la Solidaridad), se propuso a Monse�or Cristi�n Precht, del Arzobispado de Santiago, comenzar un trabajo de asistencia a los familiares de detenidos no reconocidos, que m�s tarde dio origen a la Agrupaci�n de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD).
Una de las primeras acciones de la AFDD fue la presentaci�n de una solicitud ante los tribunales de justicia para nombrar un ministro de fuero especial y abrir una investigaci�n sobre el destino de 163 personas. La petici�n a las cortes, el 21 de mayo de ese a�o, fue acompa�ada de numerosas pruebas y testimonios que demostraban los arrestos a manos de funcionarios gubernamentales. (73)
La acci�n de la justicia no prosper�, pero poco despu�s, entre el 18 y el 25 de julio, algunos medios de comunicaci�n escritos difundieron versiones sobre la suerte de 119 chilenos izquierdistas muertos en Argentina y otro pa�ses, en los que participaban supuestamente en actividades subversivas contra el r�gimen de Pinochet.
El 23 de julio, bajo el t�tulo "Ejecutados por sus propios compa�eros. Identificados 60 miristas asesinados", el diario El Mercurio de Santiago public� el siguiente cable de la agencia noticiosa norteamericana United Press International:
"Seg�n el semanario argentino LEA, en los ultimos tres meses en Argentina, Colombia, Venezuela, Panam�, M�xico y Francia han sido ejecutados por sus propios camaradas, como producto de un largo proceso de divergencias mutuas, recriminaciones y disputas por dinero a partir de la ca�da del Gobierno de Allende, los miristas que a continuaci�n se indican: (sigue una lista con 60 nombres, entre los cuales figuran 10 mujeres)."(74)
Al d�a siguiente, el peri�dico La Segunda present� otro cap�tulo del "caso de los 119". "Exterminan como ratas a miristas", dijo su titular, agregando en la cr�nica que 59 "extremistas" hab�an sido identificados como muertos, heridos o evadidos tras recientes encuentros con las fuerzas policiales argentinas. (75)Curiosamente, la fuente de las noticias - el semanario argentino Lea y otra publicaci�n brasile�a - editaron s�lo un �nico n�mero. Los 119 nombres que figuraban en las listas correspond�an a personas detenidas en Chile por la DINA, principalmente durante 1974. Por la mayor�a de ellas se hab�an presentado recursos de protecci�n ante diversos juzgados del pa�s.
La certeza de que el "Caso de los 119" no fue m�s que un montaje de la DINA, preparado para encubrir acciones criminales y soslayar una respuesta a las demandas de los familiares, origin� un esc�ndalo de gran magnitud en la opini�n p�blica mundial, que oblig� a Pinochet a declarar, en su alegato de inocencia, que todo era "un complot internacional contra Chile" alentado por los comunistas.
A finales de 1975, en informes entregados a organizaciones como las Naciones Unidas y la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno militar aleg� que la gran mayor�a de las personas desaparecidas no se encontraba en dicha situaci�n y que, en algunos casos, las supuestas v�ctimas ni siquiera hab�an tenido existencia legal. Otros supuestos desaparecidos hab�an fallecido naturalmente o en enfrentamientos armados, en Chile o en el extranjero. (76) Sin embargo, la falsedad de muchas de las afirmaciones oficiales del gobierno chileno no tard� en quedar en evidencia.
En la documentaci�n proporcionada por el gobierno militar en uno de los anexos adjuntos a los informes de r�plica a las acusaciones de las Naciones Unidas, se nombraron como personas fallecidas (por lo tanto no desaparecidas) a siete obreros agr�colas del �rea sur de Santiago. Precisando m�s a�n el antecedente, las autoridades militares afirmaron que sus cad�veres hab�an sido ingresados y registrados en el Instituto M�dico Legal de Santiago (morgue).
La falsedad de la informaci�n qued� demostrada cinco a�os despu�s, cuando una investigaci�n respaldada por la Iglesia y la Comisi�n de Defensa de los Derechos Humanos descubri� sepultado en una mina abandonada del pueblo de Lonqu�n un grupo de civiles ejecutados por policias despu�s del golpe militar de 1973. Entre los cad�veres, estaban los de los siete campesinos cuyos asesinatos fueron negados ante la ONU. (77)
La actitud que adopt� el Poder Judicial en Chile ante la grave situaci�n de los detenidos desaparecidos fue pr�cticamente nula. En el informe de la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, se expresa:
"Como
comportamiento general, los tribunales aceptaron las peticiones del gobierno de
que �stos no pod�an solicitar directamente informaciones a la DINA sobre los
detenidos y jam�s se constituyeron en los recientos secretos en que se denunci�
podr�an encontrarse los detenidos. De los miles de recursos de amparo que se
presentaron muy pocos fueron acogidos y, en el caso de los desaparecidos, puede
afirmarse, ninguno de ellos logr� salvar la vida de un desaparecido, pues el �nico
que fue acogido con respecto a uno de ellos - el referente a Carlos Humberto
Contreras Maluje - no impidi� que �ste continuase en poder de sus captores y,
en definitiva, como lo ha reconocido un ex-agente de la Fuerza A�rea, fuese
muerto posteriormente.""En
el per�odo en que se suscitan las desapariciones, se presentaron centenares de
recursos de amparo y de denuncias y querellas criminales para esclarecer la
situaci�n de quienes hab�an sido detenidos y no se sab�a de su paradero. Una
buena cantidad de esas detenciones fueron probadas ante los tribunales con
testigos que hab�an presenciado la detenci�n y, en algunos casos, con
declaraciones incluso de miembros de las Fuerzas Armadas que hab�an participado
en las detenciones".
(78)
Conocer el total de casos de desaparici�n forzada de personas en Chile ha sido una tarea dif�cil, ya sea por el temor de los familiares directos de las v�ctimas, por informaci�n insuficiente o por falta de pruebas y testigos. Por otra parte no existi� una metodolog�a o criterio riguroso sobre casos que estaban en una situaci�n lim�trofe entre muertos o desaparecidos.
Las primeras cifras bien documentadas comienzan a aparecer reci�n a partir de 1978, cuando una publicaci�n de la Vicar�a de la Solidaridad revela 478 casos. Posteriormente en 1985 la Vicar�a da la cifra de 668 v�ctimas. En 1988, la Agrupaci�n de familiares de Detenidos-Desaparecidos de Chile se�al� la existencia de 763 casos (79). A medida que se tuvo acceso a familiares y testigos, fue mejorando la informaci�n y la cifra fue aumentando.
En 1991, el informe de la Comisi�n Nacional de Verdad y Reconciliaci�n se�al� la cantidad de 957 desaparecidos y 600 casos "sin convicci�n" que por falta de pruebas y testimonios no pod�an agregarse a las cifras oficiales de muertos o desaparecidos.
En 1993, la Vicar�a de la Solidaridad, organismo que ha trabajado desde el comienzo con los familiares de las v�ctimas, se�al� un total de 984, sin considerar los casos de chilenos o chilenas detenidos en Argentina. (80) La Agrupaci�n de Familiares de Detenidos-Desaparecidos se�alo en uno de sus �ltimos listados (1993) un n�mero cercano de 1.000 casos, incluyendo los chilenos desaparecidos en Argentina. (81) En el �ltimo listado (1995), el n�mero de casos asciende a 1.192.
La impunidad para las violaciones a los derechos humanos, cometidas durante los casi 17 a�os de la administraci�n de Augusto Pinochet, comenz� a ser cimentada mucho antes que los militares se enfrentaran a la posibilidad de entregar el poder. En efecto, utilizando el poder constituyente que la Junta Militar de Gobierno se auto otorg� mediante el decreto ley 128 de 1973, el gobierno dict� el 19 de abril de 1978 un decreto (el n�mero 2191) que estableci� una amnist�a general para los autores, c�mplices y encubridores de hechos delictuosos ocurridos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978. (82) El decreto 2191 fue dictado en la �poca en que la naci�n se encontraba bajo el Estado de Emergencia (decreto 640/74), por lo que prevaleci� sobre la Constituci�n vigente.
Sus grandes beneficiados fueron los miembros de las Fuerzas Armadas, las polic�as de Carabineros e Investigaciones y los Servicios de Seguridad, como la DINA y la CNI, esta �ltima sucesora legal de la primera. Su articulado no exceptu� ciertos hechos criminales ordinarios, como parricidios, infanticidios, robos y delitos econ�micos. Pero lo realmente ins�lito fue que quedaron cubiertos por la amnist�a otros delitos de particular gravedad, tales como los secuestros, las lesiones corporales y torturas, las falsificaciones de instrumentos p�blicos y privados (una pr�ctica com�n en la DINA/CNI), el homicidio y la desaparici�n de detenidos.
La promulgaci�n de una nueva Constituci�n Pol�tica en 1980, para reemplazar a la que reg�a desde 1925, implant� de hecho una autonom�a de las fuerzas armadas respecto de cualquier gobierno civil que se establezca en el pa�s.
Esa misma Constituci�n, votada en un comicio sospechoso de fraude, mientras reg�an en Chile las restricciones a las garant�as personales y ciudadanas, estableci� que Pinochet seguir� en la jefatura del Ej�rcito hasta 1997, es decir, hasta completar casi un cuarto de siglo en el puesto, situaci�n absolutamente inveros�mil en cualquier sistema democr�tico.
Tras la asunci�n del Presidente Patricio Aylwin, elegido en las urnas por una abrumadora mayor�a despu�s del plebiscito que rechaz� prolongar la gesti�n de Pinochet hasta 1998, el Gobierno creo la Comisi�n Nacional de Verdad y Reconciliaci�n, para recoger las denuncias sobre los graves cr�menes atribuidos a los gobernantes militares.
Los objetivos de la Comisi�n, cuya presidencia fue encargada al jurista, pol�tico y diplom�tico, Ra�l Rettig, fueron los siguientes:
a. "Establecer el cuadro m�s completo posible sobre los graves hechos de violaci�n de los derechos humanos, sus antecedentes y circunstancias.
b. Reunir informaci�n que permitiera individualizar a sus v�ctimas y establecer su suerte o paradero.
c. Recomendar las medidas de reparaci�n y reivindicaci�n que estimara de justicia.
d. Recomendar las medidas legales y administrativas que a su juicio deber�an adoptarse para impedir o prevenir la comisi�n de nuevos atropellos graves a los derechos humanos." (83)
La Comisi�n, integrada por unas 60 personas, entre titulares, funcionarios y colaboradores, conoci� alrededor de 4.000 denuncias, de las cuales pudo investigar alrededor de 3.000 casos. Al cabo de nueve meses de trabajo, sus conclusiones se resumieron en la siguiente estad�stica: (84)
| Víctimas de violaciones de los derechos humanos por agentes del Estado o personas a su servicio | |
| A. Muertos | |
| En Consejos de Guerra | 59 |
| Durante protestas populares | 93 |
| Alegando Ley de Fuga | 101 |
| Otras ejecuciones y muertos por tortura | 815 |
| Total muertos | 1.068 |
| B. Detenidos-Desaparecidos | 957 |
| Total | 2.025 |
| V�ctimas violencia pol�tica | 164 |
| Violaciones cometidas por grupos armados de la oposici�n | 90 |
| Casos sin convicci�n | 642 |
| Total de v�ctimas | 2.920 |
En febrero de 1992, la Comisi�n de Verdad y Reconciliaci�n entreg� el informe al Presidente Aylwin quien lo present� p�blicamente a la comunidad chilena. El mandatario pidi� perd�n en nombre del Estado a las v�ctimas y a sus familias. No obstante, no hizo ninguna referencia al papel que jug� el general Pinochet en cr�menes cometidos durante su r�gimen ni tampoco hizo menci�n a una derogaci�n de la ley de amnist�a de 1978, un punto contemplado en su plataforma electoral.
El Informe de la Comisi�n Verdad y Reconciliaci�n no mencion� los nombres de los culpables. La informaci�n sobre algunos responsables que actuaron individualmente fue entregada a la Corte Suprema de justicia, pero, dada la amnist�a de 1978, no continuaron procedimientos legales.
El Poder Judicial ha sostenido en general la aplicaci�n de la Amnist�a de 1978 y ha permitido avanzar en s�lo algunas investigaciones entre los casos conmocionantes, sin contar el proceso por la muerte del ex Canciller Orlando Letelier y su secretaria norteamericana Ronni Moffitt, que fue expresamente marginado de la ley por la reconocida presi�n diplom�tica que en su momento ejerci� el gobierno de Estados Unidos sobre la administraci�n de Pinochet.
Letelier y Moffitt fueron asesinados en Washington en septiembre de 1976 por agentes de la DINA y a�n cuando el gobierno estadounidense fracas� en su esfuerzo por conseguir la extradici�n de los dos principales responsables, el general Manuel Contreras y el brigadier Pedro Espinoza, m�ximos jefes de los servicios de seguridad, el gobierno de Aylwin pidi� y consigui� la reapertura de la investigaci�n en 1991. En 1995, Espinoza fue condenado a seis a�os de presidio y el general Contreras, fundador y director de la DINA, recibi� una sentencia de siete a�os de reclusi�n.
Otra investigaci�n judicial relevante que sigui� adelante fue el caso de los tres l�deres comunistas secuestrados y degollados en 1985, que concluy� con penas de presidio para los polic�as implicados, miembros de los servicios de seguridad de carabineros (DICOMCAR). Pero, las m�s de las veces la impunidad bajo al amparo de la ley de amnist�a ha sido reforzada por las decisiones legales que sacaron los casos del �mbito de los tribunales civiles para pasarlos a la jurisdicci�n de los tribunales militares, en donde se han empantanado.
Al respecto, es significativo un informe que emiti� la Organizaci�n No Gubernamental Human Rights Watch/America, con sede en EE.UU. en mayo de 1994. Con el t�tulo: "Asunto pendiente: derechos humanos en Chile a comienzos de la Presidencia de Frei", recomienda al nuevo gobierno chileno que introduzca una legislaci�n esclarecedora en cuanto a la ley de amnist�a de 1978.
El informe se�ala que la ley de Amnist�a de 1978 "contin�a frustrando los esfuerzos de los jueces chilenos en el esclarecimiento de cientos de casos de desapariciones y asesinatos perpetrados por las fuerzas del gobierno luego del golpe militar del a�o 1973". Asimismo, se�ala que "diversas investigaciones judiciales fueron cerradas bajo la ley de amnist�a cuando las pistas conduc�an a oficiales militares a�n en servicio activo". (85)
En este sentido, el conocido abogado y penalista chileno, Hern�n Montealegre ha expresado que " la soluci�n que se le ha buscado al problema pendiente de los derechos humanos ha estado excesivamente marcada por una visi�n pol�tica. La salida pol�tica ha dado algunos frutos, pero, por otra parte, ha entregado tremendas desventajas y muy fuertes fracasos". Agregando que " no vamos a encontrar la verdad sin lograr la justicia. Esto no es una cuesti�n filos�fica sino pr�ctica". El abogado Montealegre hizo una cr�tica a Patricio Aylwin por haber dicho que respetaba la ley de amnist�a, agregando que el mandato que le dio el pa�s era que derogara esa ley. (86)
3. Analisis descriptivo del caso Chile
Para el desarrollo del presente estudio, se consignan 1.193 casos de detenidos desaparecidos, a la luz de las tres fuentes de informaci�n que son:
En definitiva, para el presente estudio se trabaj� con una base de datos correspondiente a 1.193 casos compuesta por:
Para la presente investigaci�n, por razones metodol�gicas, se ha definido el concepto de detenido desaparecido como:a. Detenidos y desaparecidos en Chile: 1.158 casos. En esta cifra se consideran los casos de chilenos detenidos en Argentina, Paraguay y Bolivia con participaci�n de la DINA, Departamento exterior, trasladados y desaparecidos en Chile bajo responsabilidad de agentes del Estado chileno.
b. Chilenos detenidos y desaparecidos en Argentina, 35 casos no existiendo por el momento certeza de que hubiera participaci�n de agentes del Estado chileno en su detenci�n y posterior desaparici�n.
Toda aquella persona que ha sido detenida o secuestrada por agentes del Estado o personas que act�an bajo su consentimiento o aquiescencia. La v�ctima, en la gran mayor�a de los casos, es sometida a torturas y tratos crueles y degradantes con el objetivo de obtener informaci�n de inter�s para sus captores. Posteriormente despu�s que los agentes del Estado han cumplido con la tarea de obtenci�n de informaci�n, el detenido ser� ejecutado. Cabe se�alar que en muchos casos los detenidos mor�an mientras eran torturados.
La etapa siguiente ser� la ocultaci�n o destrucci�n del cuerpo de la v�ctima. Se considera que la intencionalidad de ocultaci�n de un cuerpo, determina un caso de detenido desaparecido, si el cuerpo no aparece antes de un mes. Si los restos de la v�ctima son encontrados antes de ese per�odo, estamos en presencia de un caso de ejecutado pol�tico.
Por tal metodolog�a, los casos de Marta Ugarte Rom�n y Juan Aguirre Ballesteros han sido considerados como casos de detenidos desaparecidos.
El conjunto de los datos han sido ordenados y recopilados de acuerdo a dos categor�as fundamentales: de una parte, las v�ctimas, de otra, los autores o v�ctimarios.
Para cada categor�a, se elaboraron las siguientes variables:
Categor�a Víctimas
Variables
- Sexo
- Estado Civil
- Edad
- Profesi�n
- Regi�n
- A�o del hecho
- Partido pol�tico
Categor�a Autores de la detenci�n
Variables
- Organismo autor de la detenci�n
- Lugar de la detenci�n
CUADRO RESUMEN DE VICTIMAS
| Mujeres | 74 | 6,21% |
| Hombres | 1.119 | 93,79% |
| Total | 1.193 | 100,00% |
| Casados | 612 | 51,29% |
| Solteros | 414 | 34,70% |
| Viudos | 10 | 0,83% |
| Separados | 3 | 0,25% |
| Sin datos | 154 | 12,90% |
| Total | 1.193 | 100,00% |
| Menores de 1 a�o | 2 | 0,16% |
| De 11 a 15 | 14 | 1,17% |
| De 16 a 20 | 138 | 11,56% |
| De 21 a 25 | 328 | 27,49% |
| De 26 a 30 | 262 | 21,96% |
| De 31 a 35 | 144 | 12,07% |
| De 36 a 40 | 78 | 6,53% |
| De 41 a 45 | 95 | 7,96% |
| De 46 a 50 | 59 | 4,94% |
| De 51 a 55 | 37 | 3,10% |
| De 56 a 60 | 15 | 1,25% |
| De 61 a 65 | 8 | 0,67% |
| De 66 a 70 | 7 | 0,58% |
| De 71 a 75 | 2 | 0,16% |
| De 76 a 80 | 1 | 0,08% |
| Sin datos | 3 | 0,25% |
| Total | 1.193 | 100,00% |
| Cuadro 4 � Víctimas según profesión u ocupación | ||
| Profesionales, administradores y altos funcionarios | 137 | 11,48% |
| Empleados | 135 | 11,31% |
| Obreros y campesinos | 411 | 34,45% |
| Trabajadores independientes | 203 | 17,01% |
| Estudiantes | 227 | 19,02% |
| Fuerzas Armadas y Servicios de Seguridad | 12 | 1,00% |
| Jubilados y otras actividades | 34 | 2,84% |
| Sin datos | 34 | 2,84% |
| Total | 1.193 | 100,00% |
| Cuadro 5 � Víctimas según a�o de la desaparición | ||
| 1973 | 631 | 52,89% |
| 1974 | 277 | 23,21% |
| 1975 | 87 | 7,29% |
| 1976 | 135 | 11,31% |
| 1977 | 32 | 2,68% |
| 1978 | 10 | 0,83% |
| 1979 | 2 | 0,16% |
| 1980 | 2 | 0,16% |
| 1981 | 5 | 0,41% |
| 1982 | 0 | 0,00% |
| 1983 | 2 | 0,16% |
| 1984 | 3 | 0,25% |
| 1985 | 1 | 0,08% |
| 1986 | 0 | 0,00% |
| 1987 | 5 | 0,41% |
| 1988 | 0 | 0,00% |
| 1989 | 1 | 0,08% |
| Total | 1.193 | 100,00% |
| PC | 245 | 20,53% |
| PS | 226 | 18,94% |
| MIR | 272 | 22,79% |
| MAPU | 20 | 1,67% |
| PR | 12 | 1,00% |
| PDC | 6 | 0,50% |
| FPMR | 5 | 0,41% |
| IC | 3 | 0,25% |
| Otros partidos | 35 | 2,93% |
| Sin datos | 369 | 30,93% |
| Total | 1.193 | 100,00% |
| 1 La Regi�n de Tarapac� | 20 | 1,67% |
| 2 La Regi�n de Antofagasta | 11 | 0,92% |
| 3 La Regi�n de Atacama | 6 | 0,50% |
| 4 La Regi�n de Coquimbo | 3 | 0,25% |
| 5 La Regi�n de Valpara�so | 36 | 3,01% |
| 6 La Regi�n del Libertador O� Higgins | 1 | 0,08% |
| 7 La Regi�n del Maule | 54 | 4,52% |
| 8 La Regi�n del B�o B�o | 201 | 16,84% |
| 9 La Regi�n de la Araucan�a | 104 | 8,71% |
| 10 La Regi�n de Los Lagos | 70 | 5,86% |
| 11 La Regi�n de Ays�n | 0 | 0,00% |
| 12 La Regi�n de Magallanes | 1 | 0,08% |
| 13 La Regi�n Metropolitana, Santiago | 635 | 53,22% |
| Argentina, Bolivia, Paraguay | 51 | 4,27% |
| Total | 1.193 | 100,00% |
| Ej�rcito | 146 | 12,23% |
| Carabineros | 293 | 24,55% |
| Ej�rcito y Carabineros | 45 | 3,77% |
| Operaci�n Conjunta | 59 | 4,94% |
| Carabineros y Civiles armados | 31 | 2,59% |
| Investigaciones | 26 | 2,17% |
| Fuerza A�rea (FACH) | 18 | 1,50% |
| Marina | 5 | 0,41% |
| DINA | 324 | 27,15% |
| SIM | 13 | 1,08% |
| Agentes del Estado o Seguridad | 30 | 2,51% |
| Comando Conjunto | 26 | 2,17% |
| CNI (ex-DINA) | 9 | 0,75% |
| Civiles armados | 3 | 0,25% |
| FF.AA. Argentinas | 25 | 2,09% |
| FF.AA. extranjeras/DINA | 15 | 1,25% |
| Sin datos | 125 | 10,47% |
| Total | 1.193 | 100,00% |
| En casa del desaparecido | 341 | 28,58% |
| Casa de padres/familiares | 38 | 3,18% |
| En casa de amigos | 46 | 3,85% |
| Lugar de trabajo | 135 | 11,31% |
| Lugar de estudios | 6 | 0,50% |
| En la calle | 290 | 24,30% |
| Otros lugares p�blicos | 59 | 4,94% |
| En Comisar�as (local policial) | 54 | 4,52% |
| Recintos militares | 12 | 1,00% |
| Otros recintos policiales | 5 | 0,41% |
| En pasos fronterizos | 16 | 1,34% |
| En el extranjero | 52 | 4,35% |
| Sin datos | 139 | 11,65% |
| Total | 1.193 | 100,00% |
An�lisis y conclusi�n de los datos
Podemos concluir que en la an�lisis de los 1.193 casos hubieron dos grandes per�odos de la pr�ctica de la desaparici�n forzada de personas:
Seg�n las categor�as de autor de la detenci�n y v�ctima de la desaparici�n, las conclusiones son:
Los Autores
Primer per�odo
En este per�odo la responsabilidad de las detenciones y desapariciones corresponde principalmente al Ej�rcito y a Carabineros, los que actuaron por separado o en combinaci�n o a la cabeza de "Operaciones Conjuntas", en algunos casos con efectivos de la Fuerza A�rea y, con no escasa frecuencia, con grupos de civiles armados.
Los servicios de seguridad aportan informaci�n trabajando directamente con la instituci�n a la cual pertenecen. A�n no tienen capacidad operativa ni log�stica para actuar aut�nomamente como lo har�n m�s adelante.
El conjunto de las Fuerzas Armadas, Carabineros, agentes del Estado y civiles armados son responsables de alrededor de 544 casos (45,5%) de desaparici�n correspondiente al per�odo que va desde el 11 de septiembre a finales de 1973. La Comisi�n Nacional de Verdad y Reconciliaci�n se�ala:
"La Comisi�n conoci� de dos formas principales de esta pr�ctica llamada de "detenidos desaparecidos". Una que prevaleci� en los meses inmediatamente posteriores al 11 de septiembre de 1973. Las detenciones al parecer fueron practicadas, en distintos puntos del pa�s, por diversas unidades de uniformados, a veces acompa�ados de civiles. En el fondo, consistieron en una ejecuci�n sumaria o asesinato de la v�ctima, disponi�ndose luego del cad�ver (por lo com�n lanz�ndolo a un r�o o enterr�ndolo clandestinamente) todo ello seguido de negaci�n de los hechos o de la entrega de versiones falsas. La desaparici�n en estos casos es m�s bien un modo de ocultar o encubrir los cr�menes cometidos, antes que el resultado de acciones sujetas a una coordinaci�n central que tuvieran por objeto eliminar a categor�as predeterminadas de personas. (87)
Segundo Per�odo
La Direcci�n de Inteligencia Nacional (DINA) fundamentalmente y otros servicios de seguridad son responsables de alrededor de 406 casos (72,24%) de desaparici�n correspondientes al per�odo que va desde enero de 1974 hasta finales del r�gimen militar (noviembre de 1989, fecha del �ltimo caso de desaparecido). En tanto que el conjunto de las Fuerzas Armadas y Carabineros son responsables de 93 casos. Asimismo, las FF AA Argentinas son responsables de 25 casos.
Son caracter�sticas las detenciones realizadas por agentes de seguridad apoyados por un trabajo previo de informaci�n o inteligencia y un adecuado y org�nico dispositivo operativo para efectuar la captura. Las acciones suponen cierta selectividad de las v�ctimas, adem�s de un aparato de infraestructura, que incluye centros secretos de detenci�n y tortura, veh�culos, armamento y medios de comunicaci�n radial. La situaci�n se hab�a perfilado ya en los �ltimos d�as de 1973, con la irrupci�n de la DINA con creciente "eficacia" y fortaleza en sus correr�as y cacer�as de "enemigos".
Es interesante destacar que la DINA particip� como fuerza �nica en 324 arrestaciones (57,65%). Sin embargo, si vemos la responsabilidad del �ltimo organismo que ten�a a su cargo a la v�ctima, el n�mero de desapariciones con responsabilidad de la DINA se eleva a 373 casos (66,37%). En esta cifra se consideran 15 casos de detenci�n conjunta entre Ej�rcitos extranjeros, fundamentalmente de Argentina, y la Direcci�n de Inteligencia Nacional DINA.
La alta cifra de 373 casos se explica por el hecho de que a partir de 1974, cualquier detenci�n efectuada por Carabineros, Ej�rcito u otros agentes del Estado era informada a la DINA. (88) En muchos casos el detenido pasaba a poder de dicho organismo. As�, la suerte final del detenido era responsabilidad de la DINA.
Asimismo, la falta de informaci�n en poder de familiares o amigos de las v�ctimas imposibilit� saber con exactitud al autor de la detenci�n. Desde comienzos de 1974 hasta agosto de 1977, muchas inculpaciones se refieren vagamente a agentes de seguridad y otras denominaciones, cuando en verdad se trat� de detenciones cometidas por miembros de la DINA, como quedar�a demostrado m�s adelante.
Las caracter�sticas fundamentales del segundo per�odo las expresa claramente la Comisi�n Nacional de Verdad y Reconciliaci�n:
"La segunda forma de "desapariciones" fue practicada principalmente entre los a�os 1974 y 1977, siendo responsable principal, pero no �nica, la Direcci�n de Inteligencia Nacional (DINA). En el conjunto de esos casos s� ha podido convencerse la Comisi�n de que hab�a detr�s una voluntad de exterminio, dirigida sistem�ticamente y por motivaciones pol�ticas, en contra de ciertas categor�as de personas [...]la Comisi�n considera que la voluntad de exterminio de ciertas categor�as de personas le confiere a esta segunda forma una gravedad a�n mayor". (89)
Las diferencias entre el primer y segundo per�odo de la represi�n son bastante evidentes. Los militares y carabineros que fueron las fuerzas principales en las violaciones de Derechos Humanos y en la responsabilidad de los casos de muertes y desaparici�n forzada de personas durante el primer per�odo (1973) son reemplazadas como fuerza represiva interviniente en el segundo per�odo, sea por la DINA u otros grupos.
Los servicios de seguridad, en especial la DINA se convertir�n en las principales fuerzas de la represi�n. Al mismo tiempo, a partir de 1974 el m�todo de la desaparici�n forzada de personas comienza a implementarse como una de las pr�cticas m�s brutales de represi�n pol�tica. Asimismo se pr�ctica la tortura de forma sistem�tica con la gran mayor�a de personas que son arrestadas por la DINA.
De acuerdo a una documentaci�n existente proporcionada por el grupo de ex-detenidos (90) de la DINA se puede sistematizar un n�mero aproximado de detenidos-desaparecidos, que pasaron por los cuatros centros m�s importantes de detenci�n y tortura de la DINA. Estos son:
Londres 38
Nombre en jerga militar: Yucat�n.
Ubicaci�n: Londres 38, (pleno centro de
Santiago).
Funciona desde enero de 1974 hasta agosto
de 1974.
Seg�n testigos 72 personas fueron vistas
en el lugar.
Jos� Domingo Ca�as
Nombre en jerga militar: Ollague.
Ubicaci�n: Jos� Domingo Ca�as 1367, Nu�oa.
Funciona desde agosto de 1974 hasta
noviembre de 1974.
Seg�n testigos 43 personas fueron vistas
en el lugar.
La Discoteque o Venda Sexy
Se desconoce el nombre en jerga militar.
Ubicaci�n: Ir�n 3037, Macul.
Funciona desde septiembre a diciembre de
1974, aunque se sigui� utilizando posteriormente.
Seg�n testigos 24 personas fueron vistas
en el lugar.
Villa Grimaldi
Nombre en jerga militar: Terranova.
Ubicaci�n: Avda. Jos� Arrieta alt. 8200,
La Reina.
Funciona desde julio de 1974 hasta junio de
1977, aunque se sigui� utilizando posteriormente.
Seg�n testigos 165 personas fueron vistas
en el lugar.
El recuento total de estos cuatros centros de detenci�n suma un total de 304 casos de personas detenidas y hechas desaparecer por la DINA.
Para los efectos de este recuento se ha considerado el primer lugar de llegada de un detenido. Ya que existen algunos casos de presos que pasaron de un centro de interrogaci�n a otro. Asimismo, se dan casos de detenidos que estuvieron en m�s de dos centros. Por otra parte, de acuerdo a diversos testimonios de ex-detenidos y de la organizaci�n Amnist�a Internacional de Alemania se utiliz� tambi�n como centro de detenci�n, Colonia Dignidad, lugar por el cual pasaron un cierto n�mero de detenidos por la DINA.
Tambi�n existe un n�meros de 51 personas que encontr�ndose incomunicadas en Cuatro Alamos, fueron devueltas nuevamente a lugares de interrogaci�n y tortura, desapareciendo definitivamente.
Organismos autores de la detención
| Organismo(s) | 1� per�odo | 2�per�odo |
| Ej�rcito | 125 | 21 |
| Carabineros | 248 | 45 |
| Militares y Carabineros | 43 | 2 |
| Operaci�n Conjunta | 154 | 5 |
| Carabineros y Civiles armados | 27 | 4 |
| Investigaciones | 19 | 7 |
| Fuerza A�rea (FACH) | 11 | 7 |
| Marina | 3 | 2 |
| DINA | 0 | 324 |
| SIM | 0 | 13 |
| Agentes del Estado o Seguridad | 11 | 19 |
| Comando Conjunto | 20 | 26 |
| CNI (ex-DINA) | 0 | 9 |
| FF.AA. extranjeras y DINA | 0 | 15 |
| Civiles armados | 3 | 0 |
| FF.AA. Argentinas | 0 | 25 |
| Sin datos | 87 | 38 |
1 Operaci�n Conjunta: Ej�rcito, Carabineros, en algunos casos FACH y/u otros agentes del Estado.
2 Probablemente el n�mero de detenciones realizadas por el Comando Conjunto sea mayor ya que algunas detenciones efectuadas por agentes del Estado o Seguridad, puedan corresponder en realidad a �ste Comando.
De acuerdo al n�mero de acciones desarrolladas en ambos per�odos (1973-1989), el grado de responsabilidad que corresponde a las distintas ramas armadas, Carabineros y a los servicios de seguridad, puede ser ordenado de la siguiente manera:
A. Ejército, Carabineros y Detectives como unica fuerza operativa en la detencion
| Ejército | 146 casos | (12,23%) |
| Carabineros, (polic�a uniformada) | 293 casos | (24.55%) |
| Ejército y Carabineros | 45 casos | (3,77%) |
| Operativos Conjuntos | 59 casos | (4,94%) |
| Carabineros y Civiles armados | 31 casos | (2,59%) |
| Investigaciones o Polic�a Civil | 26 casos | (2,17%) |
El conjunto de este grupo contabiliza un total de 600 casos (50,29%) de detenci�n. Se han agrupado todas estas instituciones en raz�n de que exist�a una cierta coordinaci�n, que en el primer per�odo, les hac�a participar en conjunto en numerosos operativos o allanamientos.
B. Fuerza Aérea y Marina como única fuerza operativa en la detencion
| Fuerza A�rea (FACH) | 18 casos | (1,50%) |
| Marina | 5 casos | (0,41%) |
El conjunto de las detenciones de este grupo es de 23 casos (1,92%). Para ambos per�odos, el total del grupo compuesto de Ej�rcito, Carabineros, Operativos Conjuntos, Carabineros con militares, Carabineros con Civiles armados, Investigaciones, FACH y Marina asciende a 623 casos (52,22%).
C.Servicios de Seguridad o Inteligencia como unica fuerza operativa en la detención
| DINA | 324 casos | (27,15%) |
| Servicio de Inteligencia Militar (SIM) | 13 casos | (1,08%) |
| Agentes del Estado o Seguridad | 30 casos | (2,51%) |
| Comando Conjunto | 26 casos | (2,17%) |
| Central Nacional de Informaciones (CNI) | 9 casos | (0,75%) |
| Fuerzas Armadas extranjeras y DINA | 15 casos | (1,25%) |
El conjunto de las detenciones efectuadas por los Servicios de Seguridad, considerando operaciones en conjunto entre la DINA y Fuerzas Armadas Argentinas, contabilizan un total de 417 casos (34,95%).
D. Fuerzas Armadas extranjeras
Fuerzas Armadas Argentinas 25 casos (2,09%)
En esta denominaci�n se incluyen tanto el Ej�rcito como la Polic�a y las fuerzas operativas conjuntas de ese pa�s.
E. Civiles armados
Civiles armados 3 casos (0,25%)
Civiles armados (generalmente miembros de grupos o partidos de ultra derecha, no funcionarios estatales) como �nica fuerza operativa. Esto no significa que civiles no hayan colaborado en otras detenciones. Cabe destacar que hubo cerca de 31 casos (2,59%) en los cuales participaron civiles en conjunto con Carabineros.
Individuos de extrema derecha actuaron con prontitud en las primeras detenciones de los que eran considerados enemigos comunes. Animados por el odio, estos civiles pueden haber deseado la muerte de los detenidos y haber participado en ella, pero es poco probable que hayan tomado la decisi�n final; �sta era tomada fundamentalmente por agentes del Estado. Pasadas las primeras semanas del golpe militar, las detenciones ser�n realizadas �nicamente por miembros de las Fuerzas Armadas o Carabineros, salvo algunas excepciones.
F. Sin datos sobre los autores de la detencion
Sin datos 125 casos (10,47%)
Se puede inferir que los responsables de estos casos tambi�n son agentes del Estado. Existen 61 casos en los que las v�ctimas tienen reconocida militancia pol�tica, lo que explica sus capturas.
Lugar de la detenci�n
En el primer per�odo no prevalece la idea de la desaparici�n como m�todo especial de represi�n y terror. M�s bien constituyen cr�menes cometidos con ocultamiento de cuerpos, al calor de la odiosidad que el vencedor desata sobre el derrotado tras un tiempo de aguda confrontaci�n social entre los partidarios y los detractores del gobierno del presidente Allende. Esta idea se puede avalar en el sentido de que los lugares donde fueron detenidas las v�ctimas son principalmente lugares o escenarios en donde existen testigos, sea familiares, vecinos, amigos o compa�eros de trabajo. As�, un 33,12% es detenido en sus hogares, el 16,00% en los sitios de trabajo y el 12,67 % en la calle o v�as p�blicas.
Igualmente, en el primer per�odo llama la atenci�n que hubo un total de 31 casos de personas que se entregaron voluntariamente a Carabineros y 7 casos a las Fuerzas Armadas, desapareciendo desde una Comisar�a o local militar. Muchas de ellas no ten�an nada que temer y, adem�s en muchos pueblos rurales donde ocurrieron estas situaciones, los polic�as eran conocidos por todos los habitantes.
La idea de la desaparici�n preconcebida, sin testigos y con impunidad absoluta corresponde al segundo per�odo. En el, 37,36% de las personas detenidas, lo fue en la calle. Muchas de ellas fueron detenidas sin testigos, en lugares con poco p�blico. La t�cnica en aplicaci�n es m�s planificada y sofisticada. Las detenciones ocurridas en la casa de la v�ctima 23,48% son por lo general en la noche con el menor n�mero de testigos posibles. La detenci�n en la noche reduce el n�mero de presentes pero tambi�n reduce la posibilidad de resistencia de la v�ctima. No hay enfrentamiento ni siquiera resistencia.
El efecto amedrentador es determinante. Sorprendidas durante el sue�o, las personas, sin vestimenta, se sienten m�s vulnerables frente a un grupo muy armado y numeroso. A esas horas, es imposible pedir ayuda, informaci�n o confirmar las afirmaciones de los captores. Estos no se identificaban y utilizaban veh�culos sin patente. Esta situaci�n de inferioridad y de indefensi�n manifiesta genera terror en la familia y en la v�ctima.
En las detenciones llevadas a cabo por la DINA en 1974, se da un alto porcentaje de aprehensiones en los domicilios de las v�ctimas: 25,27%, pues un objetivo adicional y a veces principal es la b�squeda de documentaci�n o informaci�n que permita arrestar a otras personas. Durante ese mismo a�o la proporci�n de las detenciones en la calle es un 18,41%.
En las detenciones ocurridas solamente en 1976 en el domicilio de las v�ctimas se da un 9,62 %, ya no existe tanto inter�s en realizar allanamientos, porque la informaci�n que ya poseen los organismos de seguridad, en ese momento lo hace innecesario. El inter�s fundamental es detener con el menor n�mero de testigos posibles, as�, por ejemplo, en dicho a�o la proporci�n de detenciones en la calle asciende a un 64,44 %.
Las detenciones en el domicilio ya no daban los resultados esperados porque los militantes o los perseguidos hab�an asimilado la experiencia, muchos dejaron sus casas para pasar a la clandestinidad.
Por otra parte, presenciar la detenci�n en la calle de un desconocido aumentaba el sentimiento de inseguridad general con pocas probabilidades de que el testigo se opusiera o protestara, arriesgando su vida y la de su familia.
Lugar de la detenci�n
| Lugar de la detenci�n | 1� per�odo | 2�per�odo |
| En su casa | 209 | 132 |
| Casa de padres/familiar | 25 | 13 |
| Casa de amigos | 13 | 33 |
| En su trabajo | 101 | 34 |
| Lugar de estudio | 2 | 4 |
| En la calle | 80 | 210 |
| Otros lugares p�blicos | 45 | 14 |
| Comisar�a | 45 | 9 |
| Otros recintos policiales | 4 | 1 |
| Locales militares | 6 | 6 |
| Paso fronterizo | 11 | 5 |
| En el extranjero | 3 | 49 |
| Sin datos | 87 | 52 |
Militancia pol�tica
En el primer per�odo se da un alto grado de v�ctimas sin militancia conocida, aunque se supone que gran parte de ellos son simpatizantes de izquierda o partidarios del gobierno de la Unidad Popular. En este per�odo hubo una represi�n generalizada que alcanz� v�ctimas inocentes, tales como menores de edad y personas que fueron detenidas en las calles o en allanamientos a poblaciones populares.
Cabe destacar que el clima que se vivi� en el primer a�o de la dictadura (1973) ha sido calificado como el m�s dram�tico y el de mayor n�mero de violaciones de Derechos Humanos de la historia reciente de Chile. Aparte de la situaci�n de represi�n por parte de las Fuerzas Armadas y de Carabineros existi� una verdadera caza de brujas en contra de los simpatizantes o militantes de izquierda, exacerbado por el esp�ritu de venganza y represalia pol�tica de sectores de la derecha pol�tica y burgues�a que apoyaron el golpe de Estado.
As�, por ejemplo, solamente en el a�o 1973, en septiembre hubo 327 casos de v�ctimas, en octubre 254 casos, en noviembre 31 casos y en diciembre 19 casos. Otro elemento que contribuy� a una represi�n masiva e indiscriminada fue el supuesto "Plan Zeta" que justific� todo tipo de atropellos a los derechos fundamentales.
En el primer per�odo, 1973, a nivel de la militancia pol�tica el partido que sufre el mayor n�mero de v�ctimas corresponde:
| Partido Pol�tico | Casos | % |
| Partido Comunista | 87 casos | 13,78% |
| Partido Socialista | 152 casos | 24,08% |
| Partido MAPU | 10 casos | 1,58% |
| Partido MIR | 53 casos | 8,39% |
Las tres primeras organizaciones forman parte del gobierno depuesto y muchas de las v�ctimas tienen cargos en el gobierno o en las instituciones gubernamentales. Seg�n el informe de la Comisi�n de Verdad y Reconciliaci�n, entre las v�ctimas, ya sea por desaparici�n forzada o por ejecuciones o muertes, comenzando por el Presidente Allende, se encontraban 6 Alcaldes, 4 Gobernadores, 16 Regidores, 3 Intendentes, 7 Interventores, 2 Diputados, 31 dirigentes de la Unidad Popular, 140 dirigentes sociales y 30 altos funcionarios de empresas estatales. (91)
El segundo per�odo de la represi�n que comienza a partir de 1974 ser� de tipo selectivo, utilizando la pr�ctica perfeccionada de la desaparici�n forzada de personas como un m�todo represivo de nuevo tipo. Bajo el poder de la DINA y otros servicios de seguridad ser�n detenidos y desaparecidos militantes:
| Militancia pol�tica | 1� per�odo | 2�per�odo |
| Partido Comunista | 158 | (28,11%) |
| Partido Socialista | 74 | (13,16%) |
| Movimiento Izquierda Revolucionaria MIR | 219 | (38,96%) |
| Movimiento Acci�n Popular Unitaria MAPU | 10 | (1,77%) |
Sin lugar a dudas, existe un plan de acci�n, por parte del r�gimen militar que se plantea como estrategia el aniquilamiento de determinados grupos pol�ticos. El a�o 1973 y 1975 ser� el a�o de la represi�n en contra del PS. En 1974 ser� la represi�n en contra del MIR y 1976 ser� en contra del PC.
| Militancia pol�tica | 1� per�odo | 2�per�odo |
| PC | 87 | 158 |
| PS | 152 | 74 |
| MIR | 53 | 219 |
| MAPU | 10 | 10 |
| PR | 9 | 3 |
| PDC | 5 | 1 |
| FPMR | 0 | 5 |
| IC | 2 | 1 |
| Otros Partidos | 30 | 5 |
| Sin Datos | 283 | 86 |
Con respecto a la pertenencia pol�tica de las v�ctimas, es necesario puntualizar los siguientes elementos y explicaciones que surgen del an�lisis de los datos.
En cuanto a la pertenencia o militancia pol�tica reconocida de las v�ctimas, en ambos per�odos (1973-1989) �sta se manifiesta en 824 casos (69,06%), exceptuando los casos sin datos. Un n�mero de 816 casos (68,39%) corresponden a militantes de partidos o grupos de izquierda. Seis militantes del partido Dem�crata Cristiano (PDC) y dos militantes del Partido Nacional, de orientaci�n de derecha.
Existe un total de 369 casos (30,93 %) sin militancia pol�tica conocida (SMPC), es decir, sin datos (S/D), lo cual no significa necesariamente que no la tengan o que no hayan participado en pol�tica, sino que no existe informaci�n en muchos de esos casos.
Los elementos de informaci�n son entregados por los familiares al denunciar la desaparici�n de una persona. Era l�gico que muchos familiares no indicaran la militancia pol�tica porque la desconoc�an o porque quer�an proteger a la persona detenida. No obstante tambi�n existe cerca de un centenar de personas que no ten�an actividad pol�tica reconocida, sin militancia partidista, entre cuales se encuentran los menores de edad, personas desaparecidas por abusos de poder, etc.
Esto nos permite concluir que el porcentaje real de desaparecidos sin militancia pol�tica reconocida era inferior, aunque no podamos dar una cifra precisa. La comparaci�n de ambas cifras demuestra que la represi�n en contra de las v�ctimas tiene un eminente car�cter pol�tico, lo cual no significa que dirigentes sociales y sindicales no sufrieran tambi�n la represi�n.
V�ctimas seg�n militancia pol�tica
El primer grupo, para ambos per�odos (1973-1989) est� compuesto por los siguientes partidos:
| Organizaci�n Pol�tica | 1� per�odo | 2�per�odo |
| Partido Comunista | 245 | 20,53% |
| Partido Socialista | 226 | 18,94% |
| Movimiento Izquierda Revolucionaria MIR | 272 | 22,79% |
| Frente Patriotico Manuel Rodriguez FPMR | 5 | 0,41% |
Estas cuatro agrupaciones pol�ticas concentran el mayor n�mero de v�ctimas con 748 casos (62,69%) de detenidos desaparecidos. Tienen en com�n que son organizaciones pol�ticas de izquierda marxista.
El Partido Comunista (PC), fundado en 1922, es el m�s antiguo partido de izquierda, con raigambre en la clase obrera y en sectores populares. Estaba integrado al sistema democr�tico a pesar de haber sido ilegalizado.
El Partido Socialista (PS) fundado en 1933 con presencia en sectores populares y capas medias, participa activamente tambi�n en el sistema democr�tico.
El Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fundado en 1965, expresi�n de la "nueva izquierda" con presencia en estudiantes, pobladores y sectores populares marginados, constituye una organizaci�n extraparlamentaria, que se planteaba la lucha armada, y no formaba parte del gobierno de la Unidad Popular.
El Frente Patri�tico Manuel Rodr�guez (FPMR), creado en 1981 en plena dictadura est� formado por ex militantes del PC, tambi�n se plantea la lucha armada como estrategia pol�tica.
El segundo grupo, compuesto por los siguientes partidos:
Esta agrupaci�n concentra un n�mero de v�ctimas de 35 casos (2,93%). Tienen en com�n que dos de ellas son de ideolog�a cristiana y el PR de ideas laicas y mas�nicas.
El Partido Radical, (PR) es un antiguo partido de clase media con larga experiencia pol�tica y parlamentaria.
El Movimiento de Acci�n Popular Unitaria (MAPU), fundado en 1965 a partir de una escisi�n del Partido Dem�crata Cristiano con presencia en j�venes y estudiantes.
La Izquierda Cristiana (IC) tambi�n naci� de una escisi�n en la Democracia Cristiana con presencia en sectores cat�licos de izquierda.
Tercer grupo, compuesto por el Partido Dem�crata Cristiano (PDC), fundado en 1957, partido de centro, de ideolog�a cristiana con 6 casos (0,50%).
Cuarto grupo, compuesto por Otros Partidos con 35 casos (2,93%), �stos se conforman fundamentalmente de:
Cabe destacar que entre las v�ctimas con militancia pol�tica de izquierda existen 59 casos que contaban con una detenci�n anterior.
V�ctimas sin militancia pol�tica conocida
De los 369 casos sin militancia pol�tica conocida en relaci�n a la variable sobre actividad pol�tica, se puede suponer que gran parte de ellos eran a lo menos simpatizantes de izquierda.
Esto se puede deducir, ya que en 296 casos la detenci�n de estas personas sin militancia pol�tica conocida, fue realizada por a miembros de las fuerzas Armadas, Carabineros o Servicios de Seguridad. Entre las fuerzas que realizaron la detenci�n se cuentan:
Tambi�n existen en los casos sin militancia pol�tica, 73 casos que no se tiene informaci�n sobre los autores de la detenci�n.
Existen alrededor de 55 v�ctimas que fueron detenidas por razones no espec�ficadas o abusos de poder. Entre estos casos de abuso de poder por parte de agentes del Estado, cabe destacar:
Sexo
En el primer per�odo, corresponden 623 casos (98,73%) al sexo masculino y s�lo 8 casos (1.26%) del sexo femenino. Una explicaci�n la constituye el hecho de que la mujeres no fueron reprimidas tan brutalmente en el primer a�o de dictadura. La represi�n se interes� en este primer momento m�s en la persecusi�n y represi�n de los dirigentes de partidos pol�ticos y sindicatos, responsabilidad asumida en ese momento principalmente por hombres.
En el segundo per�odo, corresponden a los hombres 496 casos (88,25%). En cuanto al sexo femenino, se da un mayor n�mero de mujeres detenidas-desaparecidas con 66 casos (11,74%), lo cual tiene relaci�n a su condici�n de militantes de organizaciones pol�ticas.
Se debe destacar que su condici�n femenina no signific� ning�n trato especial en relaci�n a los hombres. Las mujeres fueron tan torturadas como los hombres y existen testimonios que aseguran que muchas fueron vejadas sexualmente.
En cuanto a la militancia pol�tica de las v�ctimas mujeres se distribuyen en 39 casos con militancia MIR, 14 casos del PC, 8 casos del PS y 10 casos sin informaci�n.
Existen 8 casos de mujeres que se encontraban embarazadas al momento de su detenci�n, ignor�ndose si dieron a luz en cautiverio.
| Sexo | 1� per�odo | 2�per�odo |
| Hombres | 623 | 496 |
| Mujeres | 8 | 66 |
Estado civil
En el primer per�odo de 295 casos de v�ctimas, el n�mero de hijos afectados asciende a un total de 801. Para el segundo per�odo con 317 casos de v�ctimas, el n�mero de hijos asciende a 659 casos.
| Estado civil | 1�período | 2�período |
| Casados | 295 | 317 |
| Solteros | 225 | 189 |
| Viudos | 6 | 4 |
| Separados | 3 | 0 |
| Sin datos | 102 | 52 |
Edad
La edad promedio de las v�ctimas en ambos per�odos (1973-1989) corresponde a 30 a�os. Las v�ctimas de menor edad corresponden a dos ni�os, detenidos en Argentina junto a sus padres de nacionalidad chilena. Ambos ten�an menos de un a�o. En Chile, el caso de menor edad es de 11 a�os. El caso de mayor edad corresponde a una v�ctima de 78 a�os.
Del total de 1.193 casos existen 43 menores de entre los 11 y 17 a�os. Para el primer per�odo (1973) son detenidos y desaparecidos 33 menores. Para el segundo per�odo, a partir de 1974, hay 10 casos.
Entre la edad de 21 a 30 a�os se produce el m�s alto n�mero de v�ctimas, con un total de 590 casos (49,45%), lo cual demuestra que la represi�n se dirigi� principalmente hacia la generaci�n de adultos j�venes.
Las edades en las cuales se dan los m�s altos �ndices de v�ctimas corresponden:
| Edad | 1� período | 2�período |
| Menores de 1 a�o | 0 | 2 |
| De 11 a 15 | 12 | 2 |
| De 16 a 20 | 82 | 56 |
| De 21 a 25 | 167 | 161 |
| De 26 a 30 | 124 | 138 |
| De 31 a 35 | 74 | 70 |
| De 36 a 40 | 50 | 28 |
| De 41 a 45 | 53 | 42 |
| De 46 a 50 | 39 | 20 |
| De 51 a 55 | 18 | 19 |
| De 56 a 60 | 4 | 11 |
| De 61 a 65 | 1 | 7 |
| De 66 a 70 | 3 | 4 |
| De 71 a 75 | 1 | 1 |
| De 76 a 80 | 1 | 0 |
| Sin datos | 2 | 1 |
Profesi�n u ocupaci�n
Las profesiones y ocupaciones de una mayor�a importante de las v�ctimas del primer per�odo corresponden a la clase trabajadora. Se puede apreciar claramente que los sectores m�s afectados son los sectores populares:
Esto se debe a que el m�todo de la desaparici�n forzada en el primer per�odo se dirige en contra de personas con responsabilidad social y pol�tica en el gobierno de la Unidad Popular, en contra de sindicatos, sectores campesinos y mapuches en el sur del pa�s.
En el segundo per�odo los sectores m�s afectados son:
Los sectores obreros y campesinos contabilizan en ambos per�odos (1973-1989) un total de 411 casos (34,45%), seguidos por el estamento de los estudiantes con 227 casos (19,02%).
Los estudiantes universitarios provienen mayoritariamente de los siguientes establecimientos de Educaci�n Superior:
De acuerdo a las profesiones u ocupaciones de las v�ctimas, estas se pueden agrupar de la siguiente manera:
En cuanto a miembros de las Fuerzas Armadas y de los servicios de seguridad, en el primer per�odo, existen 5 casos. En el segundo per�odo, hay 7 casos, dos de ellos miembros de la DINA. Uno intent� asilarse y otro entreg� informaci�n sobre detenidos. Ambos, detenidos por su propia instituci�n, se encuentran desaparecidos.
| Profesión u Ocupación | 1�período | 2�período |
| Profesionales, administradores y altos funcionarios | 50 | 87 |
| Empleados | 72 | 63 |
| Obreros y campesinos | 294 | 117 |
| Trabajadores independientes | 99 | 104 |
| Estudiantes | 77 | 150 |
| Fuerzas Armadas y Servicios de Seguridad | 5 | 7 |
| Jubilados y otras actividades | 13 | 21 |
| Sin datos | 21 | 13 |
Regi�n
Las regiones m�s afectadas corresponden de una parte, a los grandes centros urbanos, con importancia en las decisiones pol�ticas, econ�micas, administrativas, y de otra, a lugares geogr�ficos en los cuales hubieron procesos de reforma agraria o la represalia de antiguos due�os de tierras expropiadas durante el gobierno del Presidente Allende.
En la regi�n Metropolitana, que comprende Santiago y sus alrededores, hubo el mayor n�mero de v�ctimas. En el primer per�odo la proporci�n de v�ctimas alcanza a 35,49%. En el Palacio Presidencial de La Moneda, hubo 29 personas detenidas y posteriormente desaparecidas. (92) En zonas perif�ricas de Santiago tales como Paine, Buin, Lonqu�n, San Antonio, se concentr� un gran n�mero de desaparecidos. En muchos de estos lugares se hab�a efectuado la reforma agraria y despu�s del golpe militar los antiguos patrones junto a Carabineros y militares actuaron de manera despiadada en contra de los campesinos. Id�ntica situaci�n ocurri� en las regiones VIII, IX, X y VII, regiones ubicadas al sur del pa�s afectando sobre todo a los campesinos y mapuches de las zonas rurales.
De acuerdo al Informe de la Comisi�n Nacional de Verdad y Reconciliaci�n, las situaciones de represalia o venganza pol�tica, en contra de campesinos significaron la desaparici�n de varios integrantes de una misma familia: familia Maureira Albornoz, familia Maureira, familia Astudillo, familia Hern�ndez, familia Reinante, familia Tracanao, etc.
En el segundo per�odo, la regi�n Metropolitana, es tambi�n la de mayor n�mero de v�ctimas, con un 73,13% que principalmente ocurrieron en la ciudad de Santiago.
| Regi�n | 1� período | 2� período |
| 1� La Regi�n de Tarapac� | 10 | 10 |
| 2� La Regi�n de Antofagasta | 11 | 0 |
| 3� La Regi�n de Atacama | 1 | 5 |
| 4� La Regi�n de Coquimbo | 2 | 1 |
| 5� La Regi�n de Valpara�so | 8 | 28 |
| 6� La Regi�n del Libertador O� Higgins | 1 | 0 |
| 7� La Regi�n del Maule | 39 | 15 |
| 8� La Regi�n del B�o B�o | 186 | 15 |
| 9� La Regi�n de la Araucan�a | 82 | 22 |
| 10� La Regi�n de Los Lagos | 63 | 7 |
| 11� La Regi�n de Ays�n | 0 | 0 |
| 12� La Regi�n de Magallanes | 1 | 0 |
| 13� La Regi�n Metropolitana, Santiago | 224 | 411 |
| Argentina, Bolivia, Paraguay | 3 | 48 |
Casos de cuerpos encontrados e identificados
Finalmente es interesante se�alar algunos aspectos sobre los casos de detenidos-desaparecidos, cuyos cuerpos han sido encontrados. Hasta este momento se han identificado 172 casos. De los cuales 165 son del primer per�odo y 7 casos del segundo.
De acuerdo a los lugares en que los cuerpos fueron encontrados, se puede hacer el siguiente balance:
De acuerdo a los autores de la detenci�n en estos 172 casos, se da el siguiente orden:
De acuerdo al lugar donde fueron detenidas estas 172 personas, se dan lo siguientes lugares:
Conclusiones
El an�lisis de los 1.193 casos de desaparici�n forzada de personas a partir del 11 de septiembre de 1973 hasta el 14 de noviembre de1989, fecha de la �ltima desaparici�n permite establecer los siguientes hechos:
Del total de 1.193 casos de detenidos-desaparecidos, la responsabilidad de 1.040 casos (87,17%) corresponde a detenciones efectuadas con participaci�n del Conjunto de las Fuerzas Armadas chilenas, Carabineros, Polic�a civil y Servicios de Seguridad, fundamentalmente la DINA. En esta cifra se consideran 31 casos, con actuaci�n de civiles armados (ex-due�os de tierras, miembros de grupos de extrema derecha, etc.) acompa�ando a Carabineros. Asimismo, son considerados 15 casos de chilenos detenidos en el extranjero y trasladados a Chile, en los cuales existen antecedentes para afirmar que hubo participaci�n de agentes del Estado chileno.
Finalmente, existen en Chile 115 casos de detenidos desaparecidos en los cuales no existe informaci�n (Sin datos) sobre los autores de la detenci�n, no obstante por las caracter�sticas sospechosas de los casos, �stos incriminan a agentes del Estado.
Existen solamente 3 casos de detenci�n efectuada por civiles como �nica fuerza operativa, pero se tiene la certeza de que las fuerzas policiales estaban en conocimiento de los hechos.
El total de detenidos desaparecidos en Chile asciende en definitiva a 1.158 casos.
Existen 25 casos de chilenos detenidos y desaparecidos en Argentina, cuya responsabilidad corresponde a las Fuerzas Armadas y policiales de dicho pa�s. Tambi�n existen 10 casos de chilenos detenidos en el vecino pa�s, que no se tiene informaci�n (Sin datos) sobre los autores de la detenci�n (se presume que fueron FF.AA. Argentinas). En ambas situaciones no existen hasta este momento responsabilidad probada de agentes del Estado Chileno.
La primera conclusi�n general es que el car�cter de la represi�n es fundamentalmente estatal, realizada por agentes o personas al servicio del Estado o bajo su aquiescencia. Se puede concluir que en el caso de Chile, no hay participaci�n de grupos paramilitares independientes o ajenos al Estado, como fue el caso en otros pa�ses.
Del conjunto de las v�ctimas de desaparici�n forzada, se infiere que la represi�n tuvo un car�cter fundamentalmente pol�tico en contra de determinadas organizaciones pol�ticas y sociales y en contra de una generaci�n de personas que impulsaron los procesos pol�ticos de cambio social.
La pregunta inicial de este trabajo se planteaba si el m�todo represivo de la desaparici�n forzada de personas, practicado en Chile durante la dictadura militar corresponde a excesos individuales (extralimitaci�n de funciones) por parte de agentes del Estado o corresponde a una nueva forma de represi�n pol�tica denominada terrorismo de Estado.
Para responder a esta interrogante, se elabor� la hip�tesis general de que la desaparici�n forzada de personas corresponde a un m�todo represivo de nuevo tipo, de eliminaci�n f�sica, ocultamiento del cuerpo de las v�ctimas y de generaci�n de terror.
Asimismo, que por sus efectos, este m�todo alcanza no solamente a los familiares directos de los afectados, sino que tambi�n a los c�rculos pr�ximos de �stos y a determinados sectores de la sociedad civil.
De acuerdo a los datos recopilados sobre 1.193 casos de personas detenidas-desaparecidas, el an�lisis de la informaci�n nos permite confirmar la hip�tesis general presentada.
En efecto, la desaparici�n forzada de personas corresponde a un m�todo represivo de nuevo tipo, no empleado hasta ese momento a tan amplia escala en nuestro pa�s, en contra de opositores pol�ticos.
En el an�lisis de los casos se puede ver claramente que en la pr�ctica de la desaparici�n forzada de personas en Chile existen dos grandes per�odos.
El primero corresponde al a�o 1973, se caracteriza por los inicios de dicha pr�ctica. En muchos casos se trata de ejecuciones con ocultamiento de los cuerpos, pero sin una idea preconcebida de utilizar esto con otras funciones. Los autores de estas muertes son principalmente miembros del Ej�rcito y Carabineros.
En el segundo per�odo, las desapariciones obedecen a una planificaci�n central de los servicios de seguridad. En las detenciones existe informaci�n previa del detenido. Este ser� torturado con el objetivo de que entregue informaci�n que permita involucrar a otras personas, detenerlas y seguir con el ciclo. En determinados casos el aniquilamiento de un detenido y el ocultamiento de su cuerpo, est� fr�amente calculado con antelaci�n. Aunque para los servicios de seguridad la "peligrosidad" de un detenido puede estar dada por su militancia pol�tica existen otros factores que inciden en la ejecuci�n del detenido.
Para cumplir con estos objetivos criminales existe todo un aparato de infraestructura que va desde los grupos operativos que detienen en las calles, a los grupos de guardia y vigilancia y los grupos de interrogaci�n y tortura, existiendo compartimentaci�n entre ellos.
En esta labor delictual dichos grupos tienen el apoyo del Estado que como instituci�n proporciona medios, recursos e infraestructura. Tambi�n existe relaci�n con otros actores sociales, tales como periodistas de algunos medios de comunicaci�n y en determinados momentos contar�n con la impunidad que les otorgan ciertos jueces.
Tambi�n en la tarea de la desaparici�n forzada se cuenta con el respaldo de gobiernos y Fuerzas Armadas extranjeras, quienes se prestan ayuda mutua para detener o eliminar ciudadanos "peligrosos". Esta situaci�n qued� evidenciada con el caso de los 119 y la "Operaci�n C�ndor".
Este m�todo, aparte de constituir una pr�ctica represiva de homicidio, conlleva una estrategia de generaci�n de terror hacia los familiares directos, amigos y conocidos de la v�ctima. De tal manera su alcance va mucho m�s all� del afectado llegando hasta la comunidad.
Se confirma a partir del total de casos estudiados que la desaparici�n forzada de personas en Chile, a partir de 1973 hasta el fin del r�gimen militar, fue un m�todo represivo practicado por agentes del Estado. La finalidad consisti� en el aniquilamiento de las v�ctimas y la generaci�n de terror hacia la comunidad. Adem�s, la motivaci�n de esta pr�ctica por parte de los agentes del Estado tiene una clara racionalidad pol�tica, ya que casi el 70 % de las v�ctimas corresponden a militantes pol�ticos
Esta pr�ctica, aparte de ser un m�todo de aniquilamiento y terror, constituye una nueva forma de violaci�n de Derechos Humanos y un nuevo crimen pol�tico que asegura la impunidad de sus autores y el manto del olvido.
Las dificultades encontradas en el presente trabajo fueron por falta de informaci�n existente sobre los casos particulares de las v�ctimas y, asimismo, por falta de una metodolog�a que defina la diferencia entre un "detenido-desaparecido" y un "ejecutado pol�tico" o muerto.
Consideramos que el criterio para definir esa situaci�n lo constituye el indicador de intencionalidad del hecho de ocultaci�n del cuerpo. La ocultaci�n del cuerpo de una v�ctima por parte de sus v�ctimarios revela el pr�posito de impunidad. Independientemente de que un cuerpo aparezca, ya sea accidentalmente o por informaci�n recibida, existiendo la evidencia de intencionalidad de ocultaci�n de los restos, corresponde a un caso de detenido-desaparecido y no de ejecutado pol�tico.
Una de las dificultades de este trabajo ha sido la conceptualizaci�n de la noci�n de terrorismo de Estado, ya que los diversos tipos conocidos hist�ricamente no dan cuenta de nuevas realidades para el caso latinoamericano. Sin embargo, existen patrones comunes que hacen posible explicar las experiencias de la historia reciente de Am�rica Latina. El concepto aislado de terror es muy dif�cil de manejar dada la variedad y complejidad de campos en los cuales se sit�a.
Sobre el sujeto de estudio de la desaparici�n forzada de personas, cabe se�alar que constituye la violaci�n de Derechos Humanos m�s global que se conozca, a la vez de constituir un conjunto de delitos. La desaparici�n contempla un conjunto de violaciones de los Derechos Humanos como el derecho a la vida, el derecho a la libertad y a expresarse libremente, el derecho a la libre circulaci�n de las personas, el derecho de reuni�n, etc.
Sabido es que la desaparici�n contempla un conjunto de delitos, tales como el secuestro o privaci�n ilegal de la libertad, la tortura f�sica y sicol�gica, en algunos casos violaciones, y tratos crueles y degradantes, el homicidio premeditado o ejecuciones, la ocultaci�n del cuerpo, etc.
Actualmente no existe una tipificaci�n jur�dica que sancione el conjunto de estos delitos. Todav�a no se define si la desaparici�n forzada podr�a constituir un crimen de lesa humanidad en la legislaci�n internacional o incorporarse al c�digo penal de los pa�ses en particular.
Otro elemento a considerar es el da�o provocado a los familiares y amigos de la v�ctima. La p�rdida de un ser querido o sea su muerte es un hecho normal en todas las sociedades humanas. El rito del duelo como acto universal constituye un proceso natural de despedida de un ser querido. En cambio, la p�rdida abrupta de un ser querido mediante una desaparici�n forzada es un hecho traum�tico muy dif�cil de superar, ya que la incertidumbre de la vida o la incertidumbre de la muerte del secuestrado acompa�an por un largo tiempo a los familiares.
Finalmente, el cuadro presentado por este trabajo no puede ser interpretado como un fen�meno aislado de las otras violaciones de Derechos Humanos. La visi�n de conjunto permite ver la real dimensi�n del fen�meno e insertarlo en el contexto hist�rico del pa�s y en la regi�n.
Uno de los elementos que llama la atenci�n sobre la determinaci�n por parte de los agentes del Estado de aniquilar totalmente al "enemigo interno", es que no existe ninguna justificaci�n del punto de vista de la "seguridad del Estado".
Los militares ten�an perfectamente controlada la situaci�n y los grupos que se manten�an activo no ten�an la fuerza material para resistir al Ej�rcito. Entonces, �Por qu� aniquilar a un "enemigo" que no es peligroso y que est� casi controlado? �Por qu� tanta barbarie y tanta crueldad contra un "enemigo" que no est� preparado para una "guerra"? �Exist�a de antemano la idea de aniquilar al adversario?
Probablemente una de las cuestiones m�s preocupantes del problema la constituye el tema de impunidad absoluta que existe no solamente en Chile, sino en el conjunto de los pa�ses afectados de Am�rica Latina.
Resulta inquietante que, existiendo los testimonios de familiares y sobrevivientes, y las pruebas, no se haga justicia, se intente olvidar la situaci�n o aplicar leyes de punto final para amnistiar o proteger a los culpables. Muchos de esos culpables siguen en servicio activo en sus instituciones y gozan de plena libertad.
74. Chile-Am�rica, Centro de Estudios y Documentaci�n, N� 10-11, Roma,p 97.
76. Organizaci�n de Estados Americanos (OEA),op cit, p.82
79. Pereira, Pamela, Informe de FEDEFAM, op cit., p.17.
82. Decreto Ley, publicado en el Diario Oficial N�30.042, 19 de abril de 1978.
83. Informe de la Comisi�n Nacional de Verdad y Reconciliaci�n, Volumen I,Tomo 1, p,VIII
85. La Naci�n, 11 de Mayo de 1994
86. La Naci�n, 20 de Mayo de 1994
87. Informe de la Comisi�n Nacional de Verdad y Reconciliaci�n, tomo I, op cit p,22-23
